El caso del diario Clar\u00edn<\/i> es probablemente uno de los procesos m\u00e1s oscuros de la transici\u00f3n chilena, el que refleja no solo el temor de la Concertaci\u00f3n a la libertad de prensa, pensamiento y organizaci\u00f3n de la sociedad civil, sino tambi\u00e9n el proceso de descomposici\u00f3n y cooptaci\u00f3n que siguieron sus l\u00edderes durante dos d\u00e9cadas en el gobierno.<\/p>\n
Para impedir el regreso a los kioscos de este popular peri\u00f3dico -que vend\u00eda hasta el golpe de Estado m\u00e1s ejemplares que El Mercurio-<\/i>, los gobiernos de la Concertaci\u00f3n no dudaron en colocar todo tipo de obst\u00e1culos, legales e ilegales, para impedir que V\u00edctor Pey Casado, propietario del diario, obtuviera una indemnizaci\u00f3n tras la expropiaci\u00f3n de sus bienes en 1973. Este es un proceso judicial inaudito que lleva d\u00e9cadas. Se inici\u00f3 durante los a\u00f1os 90 en los tribunales chilenos, los que no respondieron a las demandas, y ha seguido en el tribunal internacional del CIADI, instancia competente para dirimir diferencias respecto a inversiones extranjeras: V\u00edctor Pey, nacido en Espa\u00f1a, es un inmigrante que lleg\u00f3 a Chile en el Winnipeg<\/i>.<\/p>\n
En el momento de realizar la inversi\u00f3n en Clar\u00edn<\/i>, sancion\u00f3 el tribunal, era ciudadano espa\u00f1ol. En diciembre pasado el gobierno anunci\u00f3 el fin de este largo proceso y la derrota de Pey. Pero nada m\u00e1s lejos de la realidad. La complejidad del lenguaje jur\u00eddico internacional permite a veces hacer interpretaciones un poco oblicuas y, por cierto, muy interesadas. Para comprender el estado de las cosas hay que remontarse a 2008, a\u00f1o en el cual el tribunal del CIADI fall\u00f3 a favor de V\u00edctor Pey y de la fundaci\u00f3n espa\u00f1ola Presidente Allende, a la que cedi\u00f3 parte de las inversiones. En tanto, orden\u00f3 a Chile pagarles una cifra superior a los diez millones de d\u00f3lares. El gobierno, presidido por la socialista Michelle Bachelet, interpuso un recurso para anular el fallo y el procedimiento de c\u00e1lculo del monto de la indemnizaci\u00f3n, a lo que el tribunal accedi\u00f3. Pero no se trata de un triunfo de Chile, como el gobierno de Pi\u00f1era ha querido demostrar. Debe conformarse un nuevo tribunal con la \u00fanica finalidad de volver a calcular el monto de la indemnizaci\u00f3n. El CIADI rechaz\u00f3 todos los recursos de anulaci\u00f3n que presentaron los abogados chilenos, liderados, hay que recordar, por Jorge Carey, conspicuo miembro de Renovaci\u00f3n Nacional nombrado para tales efectos por el presidente Ricardo Lagos. Entre esos recursos estaba el cuestionamiento de Pey como leg\u00edtimo due\u00f1o de Clar\u00edn<\/i>, su nacionalidad, la oportunidad en la que se realiz\u00f3 la inversi\u00f3n y una serie de otros asuntos t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos. Todas estas solicitudes de anulaci\u00f3n fueron rechazadas.<\/p>\n
Hay dos puntos que reconoce el CIADI que ayudan a comprender los grados de turbiedad de este proceso. Uno es que a Pey se le deneg\u00f3 justicia en Chile, lo que resulta manifiesto en la demora de siete a\u00f1os de tramitaci\u00f3n en la justicia chilena por el dominio de la rotativa Goss de Clar\u00edn<\/i>: \u201cEquivale a una demora irregular e irrazonable dando lugar a una demanda por denegaci\u00f3n de justicia\u201d. El otro punto es que hubo discriminaci\u00f3n en el trato que se le otorg\u00f3 como inversionista. A V\u00edctor Pey el Estado chileno le deneg\u00f3 justicia, dice el tribunal internacional. Al haber ausencia de decisi\u00f3n por parte de las jurisdicciones chilenas durante un periodo de siete a\u00f1os (1995-2002), por un lado, y la ausencia de respuesta de la Presidencia a las solicitudes del Sr. Pey Casado, por otro lado, ello constituye una denegaci\u00f3n de justicia. Y tampoco se le dio un tratamiento justo y equitativo. El Estado chileno (bajo el gobierno de Ricardo Lagos) \u201cal conceder compensaciones -por razones que no se conocen y siguen sin explicarse- a personas que, seg\u00fan el tribunal de arbitraje no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la Rep\u00fablica de Chile cometi\u00f3 una manifiesta denegaci\u00f3n de justicia y se neg\u00f3 a tratar a los demandantes de manera justa y equitativa\u201d.<\/p>\n
No solo los tribunales chilenos no respondieron a las demandas de Pey, sino que el gobierno de Lagos teji\u00f3 una pringosa estructura jur\u00eddica notarial para evitar a toda costa la reaparici\u00f3n del diario Clar\u00edn<\/i>. Para ello invent\u00f3 una serie de herederos de Clar\u00edn<\/i> y les pag\u00f3 una indemnizaci\u00f3n que calcul\u00f3, nadie sabe c\u00f3mo, en diez millones de d\u00f3lares. El 28 de abril de 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, encabezado por el democratacristiano Claudio Orrego, emiti\u00f3 la Decisi\u00f3n N\u00ba 43, en la que autorizaba la restituci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n para cuatro personas (o, seg\u00fan correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiaci\u00f3n de Clar\u00edn<\/i>. Seg\u00fan el gobierno, esas personas eran Dar\u00edo Sainte-Marie, Ram\u00f3n Carrasco, Emilio Gonz\u00e1lez y Jorge Venegas. La trampa no qued\u00f3 all\u00ed. En ella participaron abogados y pol\u00edticos de baja estofa y peor \u00e9tica. Pocos meses antes de la emisi\u00f3n de la Decisi\u00f3n 43 por el Ministerio de Orrego, un abogado creaba en una notar\u00eda de Recoleta, junto a un concejal del PPD, la sociedad an\u00f3nima Asinsa con un capital de cien mil pesos. Seg\u00fan escribi\u00f3 la periodista Patricia Verdugo en la desaparecida revista Rocinante<\/i>, en 1998 el Comit\u00e9 de Inversiones Extranjeras -dependiente del Ministerio de Econom\u00eda- encarg\u00f3 un estudio en derecho al abogado Enrique Testa sobre el \u201ccaso Clar\u00edn<\/i>\u201d. En 1999, se constituy\u00f3 la sociedad Asesor\u00edas e Inversiones S.A. (Asinsa) con dos socios: Isidoro Godorischen Rapaport (yerno de Testa y militante del PPD) y Ronald Youlton Vasen. Cinco d\u00edas despu\u00e9s de constituida, el 27 de abril de 1999, la sociedad Asinsa compr\u00f3 el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la sucesi\u00f3n de Emilio Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez en un mill\u00f3n 600 mil pesos. \u00bfQu\u00e9 ten\u00edan los herederos de Gonz\u00e1lez, muerto en 1991, que ameritara esta compra?, se preguntaba Patricia Verdugo. Nada. Porque no hab\u00eda ning\u00fan documento que relacionara a Gonz\u00e1lez con Clar\u00edn<\/i>. Hab\u00eda una trampa. Que abri\u00f3 el Ministerio de Bienes Nacionales cuando declar\u00f3 al fallecido Gonz\u00e1lez como uno de los propietarios del diario Clar\u00edn<\/i>. De este modo, en esta operaci\u00f3n Asinsa invirti\u00f3 1,6 millones para obtener una ganancia de mil 260 millones de pesos de la \u00e9poca. M\u00e1s que ser una trampa millonaria, como tantos otros casos de corrupci\u00f3n durante los a\u00f1os de gobiernos de la Concertaci\u00f3n, \u00e9sta tiene el perfil de un obst\u00e1culo pol\u00edtico e ideol\u00f3gico perge\u00f1ado por las elites del binominal-neoliberal para impedir el surgimiento de un diario popular que impulse el pensamiento cr\u00edtico y la reorganizaci\u00f3n social.<\/p>\n